Introducción
Debido a las preocupaciones acerca de las crecientes amenazas a las comunidades de inmigrantes respecto a varias posturas políticas migratorias de índole racial promovidas por la administración federal entrante,
Demos y LatinoJustice PRLDEF presentan este informe preliminar sobre las decisiones que comunidades locales pueden tomar, considerando su forma de gobierno local, para implementar políticas que protegen los derechos de los inmigrantes. Este informe no es exhaustivo; su propósito es proporcionar a los activistas con información básica sobre las opciones a su disposición para efectivamente abordar amenazas palpables a la seguridad y bienestar de las comunidades de inmigrantes. Nuestra investigación demuestra cómo las instituciones democráticas locales pueden implementar medidas correctivas e incluyentes para recibir a los inmigrantes y tratarlos como miembros iguales de nuestra sociedad. Creemos que este momento de crisis ofrece una oportunidad para que los gobiernos locales y las escuelas se dediquen a promover una “comunidad amorosa”
que asume la responsabilidad de proteger a sus miembros más vulnerables y, de esta manera, aumentar el bienestar y la seguridad de todos.
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Desde las elecciones de 2016 en las que eligió un candidato presidencial que construyó su campaña sobre una plataforma de xenofobia racial, se ha desatado una inquietante ola de crímenes de odio y discurso del odio, y el mayor número de incidentes se han ocurrido en las escuelas.
Las comunidades de inmigrantes no sólo temen que recientes políticas como la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés)
sean eliminados. También sienten miedo de que el gobierno federal implemente políticas draconianas como las evaluaciones por perfil racial,
las redadas y deportaciones masivas.
En su campaña, el presidente-electo Donald Trump prometió “construir un muro” a fin de evitar que entraran los “mexicanos,” los cuales tildó de “criminales” en su totalidad;
denegar refugio a sirios buscando asilo por su guerra civil, incluyendo a los niños sirios;
instituir un registro nacional inconstitucional para los musulmanes y prohibir temporalmente que los inmigrantes musulmanes entren al país;
revocar la orden ejecutiva del Presidente Obama que dilata la deportación de jóvenes indocumentados; y deportar entre 2 y 3 millones de inmigrantes indocumentados.
Esta retórica ha generado un ambiente hostil para las comunidades minoritarias en el que se destacan altos niveles de crímenes y discursos del odio hasta en escuelas y dirigidos a lugares de culto y templos religiosos.
A un mes después de la elección de Donald J. Trump al cargo federal más alto de la nación, se documentaron más de 1.000 incidentes de discriminación, de las cuales casi el 37 por ciento involucraban personas expresando su apoyo al Sr. Trump a la vez que participaban en estos deplorables actos en contra la humanidad.
Ante esto, en los días posteriores a las elecciones, ciudades alrededor del país reafirmaron su compromiso a proporcionar algún tipo de santuario para los inmigrantes.
Otras comunidades han comenzado a proporcionar tales protecciones, mientras que el activismo impulsado por estudiantes y padres ha logrados que escuelas reafirmen su compromiso por, y trabajar para, ampliar dichas protecciones. Las Iglesias, hospitales y otras instituciones locales también pueden brindar protección para los inmigrantes. Es importante saber que estas protecciones pueden ser impugnadas, ya que el gobierno federal tiene “jurisdicción exclusiva” sobre la aplicación de las leyes migratorias. Por otra parte, las jurisdicciones locales que han proporcionado protección para los inmigrantes han visto peligrar sus fondos federales.
Pero aún con estas amenazas, hay varias maneras en que las comunidades locales están trabajando para responder a estos desafíos y proteger a sus propios residentes, como por ejemplo rehusándose a destinar recursos locales para hacer cumplir leyes civiles migratorias y proporcionando salvaguardas contra el uso de perfiles raciales u otras acciones inconstitucionales. Muchas de estas protecciones ya están en uso, y como demuestra nuestra investigación, la jurisprudencia reciente que ha desafiado las violaciones de los derechos civiles puede convertirse en una base de protección para comunidades de inmigrantes en los próximos años.
En la actualidad, unas 400 jurisdicciones— que abarcan al menos 4 estados, 39 ciudades y 364 condados— comparten un fuerte compromiso con la inclusión, diversidad y acogimiento de las comunidades de inmigrantes a través de lo que se denominan “políticas de santuario,” las cuales limitan cooperación federal con respecto a la detención de inmigrantes.
Protecciones adicionales incluyen no compartir información migratoria, proteger a las escuelas y sus alrededores y la promulgación de políticas anti discriminatorias.
A pesar de que las políticas de santuario son propensas a ataques políticos y legales, nuestro análisis legal muestra que las comunidades tienen algún margen para maniobrar y decidir por su cuenta si la democracia local recibirá y protegerá a inmigrantes. Aunque el gobierno federal tiene “jurisdicción exclusiva” sobre la aplicación de leyes migratorias, nuestro sistema constitucional del federalismo permite a las comunidades ejercer la democracia a nivel local y establece mecanismos para evitar las peores medidas draconianas del gobierno federal.
A pesar de que las comunidades locales no pueden evitar la aplicación de leyes federales migratorias, las violaciones de protección equitativa y tácticas como el uso de perfiles raciales y el uso de la policía local para hacer redadas de deportación entre los miembros de nuestras comunidades locales han sido truncadas con eficacia en el pasado, y pueden, y deben, ser truncadas en el futuro.
La parte A de este informe describirá brevemente varios tipos de protecciones locales para los inmigrantes. La parte B describe los parámetros legales básicos, así como las amenazas legales actuales en cuanto a las políticas gubernamentales locales destinadas a proteger a las personas indocumentadas de la aplicación agresiva de leyes migratorias. También explicará cómo la Constitución estadounidense apoya a jurisdicciones locales para proteger los estatus migratorios de personas cuando sean solicitados, evitar las evaluaciones por perfil racial, negándose a detener a los inmigrantes, oponiéndose al encarcelamiento y las deportaciones excesivas, y quizás lo más importante, proteger a los niños de las escuelas públicas, entre otras medidas. La parte C resumirá estas conclusiones y ofrecerá recomendaciones para políticas basadas en la abogacía.
Esperamos que esta información sea útil para el lector. Asimismo, animamos a los activistas buscar y escoger entre una amplia variedad de herramientas disponibles para lograr una democracia local incluyente que rechaza la discriminación, promueve la protección equitativa y recibe a los inmigrantes a la vez que también cumpla con las necesidades de la comunidad local. En estos tiempos difíciles, es preciso practicar el aprendizaje continuo, así como afinar las tácticas y estrategias para poder presentar la mejor defensa posible para políticas de santuario y la visión de comunidad, inclusión, seguridad, bienestar y democracia local que éstas encarnan.